12 de octubre: un día para la reflexión y la diversidad
Este 12 de octubre de 2025 no lo consideramos un día de celebración, sino de reflexión profunda sobre nuestra diversidad étnica y cultural.
Columna del Director: 9 de septiembre: Día colombiano de los Derechos Humanos homenaje al padre San Pedro Claver pionero de los Derechos Humanos de las personas africanas
El 9 de septiembre es el Día Colombiano de los Derechos Humanos, en homenaje al sacerdote San Pedro Claver, desde 1622 hasta 1654, gran promotor y defensor de la dignidad humana de las personas africanas, secuestradas y esclavizadas, por el Estado colonial español, a quienes dedicó 38 años de su labor apostólica en el puerto
de Cartagena de Indias, Colombia.
9 de Septiembre: ¿Qué Derechos Humanos Celebramos? La Cruda Realidad de la Colombia Afrodescendiente
Este 9 de septiembre, Colombia conmemora el Día Nacional de los Derechos Humanos. Pero para las comunidades del pueblo afrocolombiano, la fecha no es una celebración, sino un doloroso recordatorio de la abismal distancia entre el papel y la realidad.
Marcus Garvey: el profeta que soñó con un África unida
La llegada de Mary Grueso a la Real Academia de la Lengua representa la entrada de otras formas de decir y de sentir el español: el español desde el monte, el río, el tambor, la oralidad, la abuela.
Conmemoración del Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora
En el Día de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora, exaltamos el poder, la resiliencia y el liderazgo de cinco (5) mujeres que, desde sus territorios y comunidades, están cambiando realidades, sembrando esperanza y construyendo futuro.
Mary Grueso: La voz ancestral que llega a la Academia Colombiana de la Lengua
La llegada de Mary Grueso a la Real Academia de la Lengua representa la entrada de otras formas de decir y de sentir el español: el español desde el monte, el río, el tambor, la oralidad, la abuela.
Renombrar para reparar: los archivos, el lenguaje y la dignidad histórica
Últimas publicaciones Renombrar para reparar: los archivos, el lenguaje y la dignidad histórica 8 julio, 2025 ¡Tu Voz, Tu Curul! El Llamado a la Juventud Étnica para Conquistar los Consejos de Juventud 8 julio, 2025 La Reforma Agraria del “Gobierno del Cambio”: Un Salto Histórico en la Titulación de Tierras Étnicas y sus Contrastes con Administraciones Anteriores 1 julio, 2025 Decreto 4635: La Deuda Histórica con la Reparación de las Comunidades Afrocolombianas 11 junio, 2025 Comunicado a la Opinión Pública 9 junio, 2025 El Grito Definitivo de Libertad: 21 de mayo de 1851 y la abolición de la esclavitud en Colombia, una decisión pragmática con deudas pendientes 21 mayo, 2025 La Marcha de la Afrocolombianidad: un grito colectivo por justicia y dignidad 10 mayo, 2025 Mayo de Herencia Afrocolombiana: La Fuerza Viva de la Afrocolombianidad 10 mayo, 2025 El Fin de la Juntanza Étnica: Impacto y Legado del Cierre de un Programa Clave para Comunidades Étnicas en Colombia 25 abril, 2025 Erasing History: Trump, the Museums, and the Crusade Against African American Memory 25 abril, 2025 Erasing History: Trump, the Museums, and the Crusade Against African American Memory Movimiento Nacional Cimarrón Edit Template Por: Ernesto Medrano En el corazón del Archivo General de la Nación (AGN), duermen documentos que dan cuenta de una de las historias más dolorosas y estructurales de nuestra nación: la colonización, la esclavización y el despojo sistemático de pueblos y culturas enteras. Estos documentos han sido clasificados durante décadas bajo nombres como “Negros y esclavos” o “Caciques e indios”, categorías heredadas del poder colonial y normalizadas en las prácticas archivísticas de nuestro país. Hoy, por primera vez, Colombia se detiene a mirar esos nombres con ojos críticos. Y lo hace no como un capricho académico, sino como un gesto de justicia histórica y una acción simbólica de reparación. 25 abril, 2025 Edit Template Renombrar estos fondos no es un acto trivial ni un simple cambio de etiquetas: es una intervención profunda sobre el lenguaje que organiza la memoria. Es una apuesta por dignificar las historias que han sido contadas desde la mirada del opresor, y por reconocer que las palabras, lejos de ser neutras, han sido históricamente utilizadas para clasificar, reducir y deshumanizar. Los términos “negros y esclavos” o “caciques e indios” no describen hechos de manera objetiva. Son el resultado de un proceso ideológico de cosificación y subordinación, una expresión de la lógica colonial que definía a las personas por su utilidad económica, su “raza” impuesta, o su lugar en un orden social jerarquizado. Mantener estas denominaciones como categorías oficiales implica perpetuar una mirada que niega la humanidad y la agencia de quienes fueron víctimas de estos sistemas de dominación. Frente a esta realidad, el proceso abierto por el AGN —en articulación con la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Cultura, el Museo Nacional y organizaciones sociales— es una oportunidad para repensar nuestras instituciones de la memoria. Es un hito en la lucha por desmontar las narrativas eurocéntricas y racistas que aún estructuran muchos de nuestros repositorios documentales, nuestras prácticas pedagógicas e incluso nuestras políticas de Estado. Como bien ha señalado la Coordinadora de Justicia Étnico Racial de la Vicepresidencia, este proceso no solo apunta a una transformación simbólica. También plantea una reflexión de fondo sobre cómo hemos contado nuestra historia y sobre la urgencia de abrir espacio a nuevas voces, otras sensibilidades y relatos más justos. La reapertura de la exposición “Quitarse la venda de los ojos” en el mismo AGN, con obras de artistas afrocolombianos que abordan el racismo estructural y la memoria de la esclavización, es una expresión contundente de ese esfuerzo por interpelar el pasado desde el arte, la sensibilidad y la resistencia. Algunos han argumentado que cambiar los nombres de los fondos es una forma de “borrar la historia”. Pero esta crítica confunde la fuente con su clasificación. Los documentos originales no se alteran. Lo que se pone en discusión es la manera en que son presentados, organizados y ofrecidos al público. La memoria no se borra: se resignifica. Y eso es parte esencial de una práctica archivística crítica, consciente de que el acceso al pasado no puede hacerse desde la normalización de las violencias simbólicas que estructuraron su producción. Otros objetan que este cambio es una expresión de “presentismo”, una forma de imponer valores actuales sobre contextos del pasado. Pero esta crítica también falla en su base: las categorías archivísticas actuales no son “del pasado”, sino de los archivistas, historiadores e instituciones que las definieron en el siglo XX. No se trata de juzgar con anacronismos, sino de evitar que los criterios de clasificación del presente sigan repitiendo los códigos del sistema esclavista y colonial. Es un llamado a dejar de narrar la historia desde la voz del verdugo. Como lo sostiene Bastien Bosa, “el lenguaje importa”. Y mucho. Nombrar ha sido siempre un ejercicio de poder. En la colonia, renombrar montañas, pueblos, cuerpos y comunidades fue parte del despojo. Hoy, renombrar puede ser un acto de restitución simbólica. Una forma de reconocer que la esclavización fue un crimen contra la humanidad, que sus huellas persisten en nuestra vida social y que las víctimas y sus descendientes tienen derecho a una memoria que no refuerce su cosificación. Este proceso, además, se inscribe en un contexto más amplio de debates sobre el lugar de la memoria en el espacio público: desde los monumentos que celebran figuras racistas, hasta los textos escolares que omiten las resistencias afro e indígenas. En todos estos escenarios, lo que está en juego no es solo el pasado, sino el tipo de sociedad que queremos construir. ¿Una sociedad que preserva jerarquías coloniales en sus símbolos, o una que se atreve a mirarse críticamente y a construir memoria desde la dignidad? Renombrar, entonces, no es solo un gesto político. Es también una herramienta pedagógica, una forma de invitar a las nuevas generaciones a pensar la historia desde otros lugares. A preguntarse no solo qué pasó, sino quién lo contó, con qué palabras, desde qué intereses.
¡Tu Voz, Tu Curul! El Llamado a la Juventud Étnica para Conquistar los Consejos de Juventud
Últimas publicaciones ¡Tu Voz, Tu Curul! El Llamado a la Juventud Étnica para Conquistar los Consejos de Juventud 8 julio, 2025 La Reforma Agraria del “Gobierno del Cambio”: Un Salto Histórico en la Titulación de Tierras Étnicas y sus Contrastes con Administraciones Anteriores 1 julio, 2025 Decreto 4635: La Deuda Histórica con la Reparación de las Comunidades Afrocolombianas 11 junio, 2025 Comunicado a la Opinión Pública 9 junio, 2025 El Grito Definitivo de Libertad: 21 de mayo de 1851 y la abolición de la esclavitud en Colombia, una decisión pragmática con deudas pendientes 21 mayo, 2025 La Marcha de la Afrocolombianidad: un grito colectivo por justicia y dignidad 10 mayo, 2025 Mayo de Herencia Afrocolombiana: La Fuerza Viva de la Afrocolombianidad 10 mayo, 2025 El Fin de la Juntanza Étnica: Impacto y Legado del Cierre de un Programa Clave para Comunidades Étnicas en Colombia 25 abril, 2025 Erasing History: Trump, the Museums, and the Crusade Against African American Memory 25 abril, 2025 Borrar la historia: Trump, los museos y la cruzada contra la memoria afroamericana 15 abril, 2025 Borrar la historia: Trump, los museos y la cruzada contra la memoria afroamericana Movimiento Nacional Cimarrón Edit Template Por: Prudencio Palacios El Movimiento Nacional Cimarrón exhorta a todas las organizaciones de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, indígenas, rom, así como a las organizaciones campesinas y de jóvenes víctimas, a tomar un rol protagónico en el proceso de concertación y elección de sus representantes a los Consejos Municipales y Locales de Juventud. Este es un llamado a la acción para que la voz de nuestros pueblos resuene en los espacios donde se decide el futuro de nuestros territorios. 15 abril, 2025 Edit Template Nos encontramos en un momento crucial para la participación democrática de nuestra juventud. La Circular Externa emitida por el Ministerio del Interior el 1 de abril de 2025 ha actualizado y socializado la guía definitiva para la elección de las curules especiales étnicas, un proceso que debe culminar antes del 19 de septiembre de 2025. No es solo un derecho, es una conquista social amparada en la Ley 1885 de 2018, que modificó el Estatuto de Ciudadanía Juvenil para asegurar que ningún joven sea dejado atrás. Los Consejos de Juventud son definidos como mecanismos autónomos de participación, concertación y control de la gestión pública. Para nuestras comunidades, esto se traduce en una oportunidad sin precedentes: la posibilidad de llevar nuestras agendas, cosmovisiones, problemáticas y, sobre todo, nuestras soluciones, directamente a la mesa de diálogo con las instituciones locales. La ley es clara: en los municipios y localidades donde existan comunidades étnicas, campesinas o población joven víctima, se deberá elegir un representante por cada una de ellas, añadiendo un miembro más al Consejo por cada comunidad. Esta no es una concesión, sino el reconocimiento de la diversidad que es la mayor riqueza de Colombia. La propia Corte Constitucional, en la Sentencia C-862 de 2012 ,subrayó que la elección de estos representantes debe ser el resultado de un proceso consultado y concertado con las propias comunidades, respetando nuestros principios de autonomía y buen gobierno. Participar significa tener la potestad de influir en las políticas públicas, de vigilar la inversión social y de asegurar que los planes de desarrollo locales se conecten con la agenda nacional de juventudes, garantizando que respondan a las necesidades reales de los jóvenes indígenas, afrodescendientes, rom y campesinos de todo el país El Ministerio del Interior ha trazado una ruta clara que las alcaldías deben seguir en diálogo con nuestras comunidades. Es fundamental que todos los jóvenes y líderes conozcan este procedimiento para exigirlo y hacerlo realidad. El proceso se divide en dos grandes momentos: la concertación de las reglas y la elección del representante. Fase 1: La Concertación (Acordar las Reglas del Juego) Antes de elegir a una persona, la comunidad debe elegir cómo la va a elegir. La Convocatoria es Deber de la Alcaldía: La alcaldía de cada municipio o localidad es la responsable de convocar a espacios de concertación independientes para cada grupo étnico presente en su territorio. ¡No es un favor, es su obligación! ¿Quiénes Participan?: A esta reunión deben asistir las autoridades de cada comunidad. Por ejemplo, las autoridades tradicionales indígenas, los delegados de las Asambleas Generales de los Consejos Comunitarios afrocolombianos, o los representantes legales del pueblo Rom. ¿Qué se Acuerda?: El objetivo es definir el mecanismo para la elección del joven representante. Se debe decidir cómo será la inscripción de candidatos, la verificación de requisitos y, más importante, si la elección se hará por voto, por consenso o por otro método que la comunidad considere propio. Todo esto debe quedar registrado en un acta formal. Fase 2: La Elección (Elegir a Nuestro Representante) Una vez acordadas las reglas, se abre el proceso para postular y elegir. Requisitos para ser Candidato/a: Edad: Tener entre 14 y 28 años, acreditado con un documento de identidad válido. Pertenencia Étnica: Acreditar que se pertenece a la comunidad que se aspira a representar. Esto es fundamental para garantizar la legitimidad. La acreditación varía: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras: Se requiere una certificación expedida por un Consejo Comunitario o una forma organizativa debidamente registrada ante el Ministerio del Interior. Comunidades Indígenas: Se debe presentar el certificado de pertenencia étnica que se puede consultar en el censo indígena del Ministerio del Interior o el que expide la autoridad tradicional competente. Pueblo Gitano (ROM): Deben solicitar la certificación a la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior. Cronograma Sugerido: La Alcaldía, que lidera el proceso, debe garantizar tiempos razonables. La guía sugiere al menos 10 días hábiles para la inscripción, seguidos por periodos para la publicación de resultados, reclamaciones y su respectiva respuesta, antes de convocar a la elección final. El Acta de Elección: El proceso culmina con un acta que formaliza al joven elegido. Este documento es crucial y debe ser firmado por el alcalde y el personero municipal como garantes. Finalmente, la alcaldía notifica el resultado y remite copia a la Registraduría
La Reforma Agraria del “Gobierno del Cambio”: Un Salto Histórico en la Titulación de Tierras Étnicas y sus Contrastes con Administraciones Anteriores
Últimas publicaciones La Reforma Agraria del “Gobierno del Cambio”: Un Salto Histórico en la Titulación de Tierras Étnicas y sus Contrastes con Administraciones Anteriores 1 julio, 2025 Decreto 4635: La Deuda Histórica con la Reparación de las Comunidades Afrocolombianas 11 junio, 2025 Comunicado a la Opinión Pública 9 junio, 2025 El Grito Definitivo de Libertad: 21 de mayo de 1851 y la abolición de la esclavitud en Colombia, una decisión pragmática con deudas pendientes 21 mayo, 2025 La Marcha de la Afrocolombianidad: un grito colectivo por justicia y dignidad 10 mayo, 2025 Mayo de Herencia Afrocolombiana: La Fuerza Viva de la Afrocolombianidad 10 mayo, 2025 El Fin de la Juntanza Étnica: Impacto y Legado del Cierre de un Programa Clave para Comunidades Étnicas en Colombia 25 abril, 2025 Erasing History: Trump, the Museums, and the Crusade Against African American Memory 25 abril, 2025 Borrar la historia: Trump, los museos y la cruzada contra la memoria afroamericana 15 abril, 2025 La crisis de la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior: Un Llamado a la Acción Urgente 6 abril, 2025 La crisis de la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior: Un Llamado a la Acción Urgente Movimiento Nacional Cimarrón Edit Template Por: Prudencio Palacios El Movimiento Nacional Cimarrón, voz incansable de las comunidades afrocolombianas, ha puesto bajo la lupa la implementación de la Reforma Agraria del “Gobierno del Cambio”, liderada por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Su análisis revela no solo un compromiso renovado con los derechos territoriales de los grupos étnicos, sino también un contraste notable con las administraciones pasadas, marcando un hito en la política de tierras del país. 6 abril, 2025 Edit Template El pasado martes 27 de mayo de 2025, el Consejo de ministros., encabezado por el presidente Petro, dedicó su sesión principal a la reforma agraria. En este importante encuentro, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, expuso los avances cruciales de la política, confirmando la dirección que el gobierno está tomando para saldar la deuda histórica con el campo colombiano, especialmente con sus comunidades más vulnerables. El pilar de esta política se cimienta en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz de 2016. Este componente trascendental no solo reconoce la estrecha relación entre las comunidades y su territorio, sino que también subraya la función social y ambiental de las tierras colectivas. En un planeta azotado por la crisis climática, la gobernanza territorial de los pueblos étnicos emerge como un modelo de sostenibilidad y resiliencia, una visión que el gobierno actual parece haber abrazado con firmeza. A pesar de los avances, persisten desafíos estructurales. Las tierras de propiedad colectiva, pilares de la identidad y subsistencia de las comunidades, poseen un estatus jurídico especial: son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Si bien esta protección es vital para evitar el despojo, paradójicamente, las limitaciones como garantías para la obtención de créditos. Esta realidad obliga a repensar mecanismos de financiación que no comprometan la esencia jurídica de estos territorios. Alarmantemente, el Movimiento Cimarrón ha denunciado una “nueva forma de despojo” que amenaza la seguridad territorial. La aparición de compañías con títulos superpuestos a los títulos colectivos, bajo el pretexto de vender “servicios ambientales”, representa una grave amenaza. Casos emblemáticos en Buenaventura y Istmina, Chocó, ilustran cómo la especulación ambiental puede convertirse en un vehículo para la usurpación de tierras ancestrales, un fenómeno que requiere la atención urgente del Estado. Es en la comparación de cifras donde el ” Gobierno del Cambio ” muestra una diferencia significativa. Los datos revelados demuestran un compromiso sin precedentes en la adquisición y reconocimiento de tierras para las comunidades étnicas, marcando una brecha sustancial con las administraciones anteriores: Para Comunidades Étnicas (Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras): Gobierno Petro y Francia Márquez: Ha logrado la adquisición de 98.395 hectáreas. Esta cifra empequeñece distribuidas las 14.455 hectáreas gestionadas por el Gobierno Duque y las 9.945 hectáreas del Gobierno Santos para estas mismas comunidades. Este salto cuantitativo no solo refleja una mayor voluntad política, sino también una ejecución más efectiva. Reconocimiento de Derechos Territoriales: Se han reconocido formalmente 50.510 hectáreas a comunidades negras, beneficiando a 67 Consejos Comunitarios. Para las comunidades indígenas: Gobierno Petro y Francia Márquez: Se han adquirido 278.855 hectáreas. Reconocimiento de Derechos Territoriales: El avance es monumental, con 937.570 hectáreas reconocidas, que incluyen la constitución de 101 nuevos resguardos indígenas y la ampliación de 71 ya existentes. El total general de hectáreas reconocidas para ambos grupos étnicos asciende a 988.080 hectáreas. Esta administración ha puesto un énfasis particular en el reconocimiento de títulos coloniales y republicanos, un acto de justicia largamente esperado. Además, ha impulsado la normatividad, la ampliación y el saneamiento de los títulos colectivos, buscando consolidar la seguridad jurídica de estos territorios. La política de reforma agraria del presidente Petro y la vicepresidenta Márquez representan un giro ambicioso hacia la justicia territorial. Para el Movimiento Nacional Cimarrón, estos avances son un paso significativo hacia el cierre de brechas históricas y la construcción de una paz verdadera y duradera, cimentada en la dignidad y el reconocimiento de los derechos ancestrales de las comunidades étnicas de Colombia. Sin embargo, el desafío de erradicar las nuevas formas de despojo y adaptar los sistemas financieros a la realidad de la propiedad colectiva sigue siendo una tarea pendiente para consolidar este legado.
Decreto 4635: La Deuda Histórica con la Reparación de las Comunidades Afrocolombianas
Últimas publicaciones Decreto 4635: La Deuda Histórica con la Reparación de las Comunidades Afrocolombianas 11 junio, 2025 Comunicado a la Opinión Pública 9 junio, 2025 El Grito Definitivo de Libertad: 21 de mayo de 1851 y la abolición de la esclavitud en Colombia, una decisión pragmática con deudas pendientes 21 mayo, 2025 La Marcha de la Afrocolombianidad: un grito colectivo por justicia y dignidad 10 mayo, 2025 Mayo de Herencia Afrocolombiana: La Fuerza Viva de la Afrocolombianidad 10 mayo, 2025 El Fin de la Juntanza Étnica: Impacto y Legado del Cierre de un Programa Clave para Comunidades Étnicas en Colombia 25 abril, 2025 Erasing History: Trump, the Museums, and the Crusade Against African American Memory 25 abril, 2025 Borrar la historia: Trump, los museos y la cruzada contra la memoria afroamericana 15 abril, 2025 La crisis de la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior: Un Llamado a la Acción Urgente 6 abril, 2025 Buenaventura: Un Ciclo de Violencia con Raíces Históricas Profundas 2 abril, 2025 Buenaventura: Un Ciclo de Violencia con Raíces Históricas Profundas Movimiento Nacional Cimarrón Edit Template Por: Prudencio Palacios Desde el Movimiento Nacional Cimarrón, alzamos nuestra voz para exigir un cumplimiento urgente y efectivo del Decreto Ley 4635 de 2011. Este decreto, expedido hace ya más de 13 años (desde el 9 de diciembre de 2011), fue una pieza fundamental para reconocer y reparar los daños sufridos por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del conflicto armado. No es una ley más; es una herramienta jurídica con enfoque diferencial étnico, diseñada para atender las particularidades del impacto de la guerra en nuestros territorios, culturas y modos de vida. Se complementa con la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), pero el 4635 es crucial porque entiende que la reparación para nosotros debe ir más allá de lo individual, reconociendo la afectación colectiva y estructural. 2 abril, 2025 Edit Template Sin embargo, a pesar de su relevancia, la implementación de este Decreto Ley ha avanzado a paso de tortuga, acumulando una deuda histórica con nuestras comunidades. El 12° Informe de Seguimiento al cumplimiento Decreto Ley 4635 de 2011,emitido por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo en agosto de 2024, refleja una realidad preocupante sobre la gestión de la reparación integral. El informe es contundente al señalar el lento avance y los desafíos significativos en la reparación colectiva. A pesar de los esfuerzos de formulación, la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) avanza con lentitud, lo que impide la materialización de un derecho fundamental para nuestras comunidades. La reparación colectiva para las comunidades afrodescendientes no es un anexo; es el corazón de la política de reparación étnica. Busca restaurar los lazos comunitarios, las tradiciones ancestrales, la autonomía territorial y las formas de vida que el conflicto desestructuró. La lentitud en la implementación de los PIRC significa que miles de proyectos de vida comunitarios están estancados, perpetuando la afectación y la vulnerabilidad. La afectación de derechos colectivos como el territorio, la autonomía y la identidad cultural ha sido profunda, y la reparación colectiva es la medida idónea para abordarla. El informe de la Procuraduría no solo documenta el retraso, sino que también identifica claramente las barreras estructurales que impiden el avance de la reparación integral: Burocracia y gestión ineficiente: Existen “deficiencias en la implementación” y una “falta de capacidad técnica y operativa” que ralentizan de manera inaceptable los procesos. Falta de coordinación interinstitucional: La “falta de articulación entre las entidades” es una constante que impide una respuesta integral y eficiente a las comunidades. Insuficiencia de recursos: Se señala una “insuficiencia de recursos” humanos y técnicos adecuados para la magnitud de la tarea. Ausencia de un enfoque diferencial real: Persisten dificultades en la “implementación del enfoque diferencial”, lo que limita la aplicación de medidas culturalmente pertinentes y acordes a las realidades territoriales. El proceso de restitución de tierras, vital para la reparación integral, también presenta “dificultades y complejidades”. Estos obstáculos no son meras dificultades técnicas; son el reflejo de un desinterés que profundiza la frustración y la desconfianza de las comunidades, que ven cómo la ley que debería protegerlos se convierte en una promesa vacía. Desde el Movimiento Nacional Cimarrón, hacemos un llamado enérgico y categórico a la Unidad para las Víctimas y a todas las entidades involucradas: ¡es hora de acelerar el cumplimiento de la reparación integral! Exigimos acciones concretas: Establecer metas claras y plazos perentorios para la implementación efectiva de los PIRC y el avance en las indemnizaciones. Fortalecer los equipos con enfoque étnico al interior de la Unidad para las Víctimas, garantizando personal idóneo y suficiente. Simplificar los trámites burocráticos que entorpecen el acceso a la reparación. Priorizar y desempantanar los sujetos de reparación colectiva, que son la columna vertebral de la reconstrucción comunitaria. Garantizar la participación efectiva de las comunidades en todo el proceso de reparación, a través de mesas de seguimiento y diálogo directo. La reparación no es un favor; es un derecho fundamental y una condición indispensable para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. El Estado colombiano tiene la obligación moral y legal de saldar esta deuda histórica con las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras. El Decreto Ley 4635 de 2011 es la hoja de ruta, y el clamor de nuestras comunidades es claro: ¡Reparación Ya! No más dilaciones. El Movimiento Nacional Cimarrón seguirá vigilante y exigiendo hasta que la justicia y la reparación sean una realidad para cada víctima afrodescendiente.