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Decreto 4635: La Deuda Histórica con la Reparación de las Comunidades Afrocolombianas
Por: Prudencio Palacios
Desde el Movimiento Nacional Cimarrón, alzamos nuestra voz para exigir un cumplimiento urgente y efectivo del Decreto Ley 4635 de 2011. Este decreto, expedido hace ya más de 13 años (desde el 9 de diciembre de 2011), fue una pieza fundamental para reconocer y reparar los daños sufridos por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del conflicto armado. No es una ley más; es una herramienta jurídica con enfoque diferencial étnico, diseñada para atender las particularidades del impacto de la guerra en nuestros territorios, culturas y modos de vida. Se complementa con la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), pero el 4635 es crucial porque entiende que la reparación para nosotros debe ir más allá de lo individual, reconociendo la afectación colectiva y estructural.
- 11 junio, 2025
Sin embargo, a pesar de su relevancia, la implementación de este Decreto Ley ha avanzado a paso de tortuga, acumulando una deuda histórica con nuestras comunidades. El 12° Informe de Seguimiento al cumplimiento Decreto Ley 4635 de 2011,emitido por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo en agosto de 2024, refleja una realidad preocupante sobre la gestión de la reparación integral.
El informe es contundente al señalar el lento avance y los desafíos significativos en la reparación colectiva. A pesar de los esfuerzos de formulación, la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) avanza con lentitud, lo que impide la materialización de un derecho fundamental para nuestras comunidades.
La reparación colectiva para las comunidades afrodescendientes no es un anexo; es el corazón de la política de reparación étnica. Busca restaurar los lazos comunitarios, las tradiciones ancestrales, la autonomía territorial y las formas de vida que el conflicto desestructuró. La lentitud en la implementación de los PIRC significa que miles de proyectos de vida comunitarios están estancados, perpetuando la afectación y la vulnerabilidad. La afectación de derechos colectivos como el territorio, la autonomía y la identidad cultural ha sido profunda, y la reparación colectiva es la medida idónea para abordarla.
El informe de la Procuraduría no solo documenta el retraso, sino que también identifica claramente las barreras estructurales que impiden el avance de la reparación integral:
- Burocracia y gestión ineficiente: Existen “deficiencias en la implementación” y una “falta de capacidad técnica y operativa” que ralentizan de manera inaceptable los procesos.
- Falta de coordinación interinstitucional: La “falta de articulación entre las entidades” es una constante que impide una respuesta integral y eficiente a las comunidades.
- Insuficiencia de recursos: Se señala una “insuficiencia de recursos” humanos y técnicos adecuados para la magnitud de la tarea.
- Ausencia de un enfoque diferencial real: Persisten dificultades en la “implementación del enfoque diferencial”, lo que limita la aplicación de medidas culturalmente pertinentes y acordes a las realidades territoriales. El proceso de restitución de tierras, vital para la reparación integral, también presenta “dificultades y complejidades”.
Estos obstáculos no son meras dificultades técnicas; son el reflejo de un desinterés que profundiza la frustración y la desconfianza de las comunidades, que ven cómo la ley que debería protegerlos se convierte en una promesa vacía.
Desde el Movimiento Nacional Cimarrón, hacemos un llamado enérgico y categórico a la Unidad para las Víctimas y a todas las entidades involucradas: ¡es hora de acelerar el cumplimiento de la reparación integral! Exigimos acciones concretas:
- Establecer metas claras y plazos perentorios para la implementación efectiva de los PIRC y el avance en las indemnizaciones.
- Fortalecer los equipos con enfoque étnico al interior de la Unidad para las Víctimas, garantizando personal idóneo y suficiente.
- Simplificar los trámites burocráticos que entorpecen el acceso a la reparación.
- Priorizar y desempantanar los sujetos de reparación colectiva, que son la columna vertebral de la reconstrucción comunitaria.
- Garantizar la participación efectiva de las comunidades en todo el proceso de reparación, a través de mesas de seguimiento y diálogo directo.
La reparación no es un favor; es un derecho fundamental y una condición indispensable para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. El Estado colombiano tiene la obligación moral y legal de saldar esta deuda histórica con las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras.
El Decreto Ley 4635 de 2011 es la hoja de ruta, y el clamor de nuestras comunidades es claro: ¡Reparación Ya! No más dilaciones. El Movimiento Nacional Cimarrón seguirá vigilante y exigiendo hasta que la justicia y la reparación sean una realidad para cada víctima afrodescendiente.