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La Reforma Agraria del “Gobierno del Cambio”: Un Salto Histórico en la Titulación de Tierras Étnicas y sus Contrastes con Administraciones Anteriores
Por: Prudencio Palacios
El Movimiento Nacional Cimarrón, voz incansable de las comunidades afrocolombianas, ha puesto bajo la lupa la implementación de la Reforma Agraria del “Gobierno del Cambio”, liderada por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Su análisis revela no solo un compromiso renovado con los derechos territoriales de los grupos étnicos, sino también un contraste notable con las administraciones pasadas, marcando un hito en la política de tierras del país.
- 1 julio, 2025
El pasado martes 27 de mayo de 2025, el Consejo de ministros., encabezado por el presidente Petro, dedicó su sesión principal a la reforma agraria. En este importante encuentro, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, expuso los avances cruciales de la política, confirmando la dirección que el gobierno está tomando para saldar la deuda histórica con el campo colombiano, especialmente con sus comunidades más vulnerables.
El pilar de esta política se cimienta en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz de 2016. Este componente trascendental no solo reconoce la estrecha relación entre las comunidades y su territorio, sino que también subraya la función social y ambiental de las tierras colectivas. En un planeta azotado por la crisis climática, la gobernanza territorial de los pueblos étnicos emerge como un modelo de sostenibilidad y resiliencia, una visión que el gobierno actual parece haber abrazado con firmeza.
A pesar de los avances, persisten desafíos estructurales. Las tierras de propiedad colectiva, pilares de la identidad y subsistencia de las comunidades, poseen un estatus jurídico especial: son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Si bien esta protección es vital para evitar el despojo, paradójicamente, las limitaciones como garantías para la obtención de créditos. Esta realidad obliga a repensar mecanismos de financiación que no comprometan la esencia jurídica de estos territorios.
Alarmantemente, el Movimiento Cimarrón ha denunciado una “nueva forma de despojo” que amenaza la seguridad territorial. La aparición de compañías con títulos superpuestos a los títulos colectivos, bajo el pretexto de vender “servicios ambientales”, representa una grave amenaza. Casos emblemáticos en Buenaventura y Istmina, Chocó, ilustran cómo la especulación ambiental puede convertirse en un vehículo para la usurpación de tierras ancestrales, un fenómeno que requiere la atención urgente del Estado.
Es en la comparación de cifras donde el “ Gobierno del Cambio ” muestra una diferencia significativa. Los datos revelados demuestran un compromiso sin precedentes en la adquisición y reconocimiento de tierras para las comunidades étnicas, marcando una brecha sustancial con las administraciones anteriores:
Para Comunidades Étnicas (Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras):
- Gobierno Petro y Francia Márquez: Ha logrado la adquisición de 98.395 hectáreas. Esta cifra empequeñece distribuidas las 14.455 hectáreas gestionadas por el Gobierno Duque y las 9.945 hectáreas del Gobierno Santos para estas mismas comunidades. Este salto cuantitativo no solo refleja una mayor voluntad política, sino también una ejecución más efectiva.
- Reconocimiento de Derechos Territoriales: Se han reconocido formalmente 50.510 hectáreas a comunidades negras, beneficiando a 67 Consejos Comunitarios.
Para las comunidades indígenas:
- Gobierno Petro y Francia Márquez: Se han adquirido 278.855 hectáreas.
- Reconocimiento de Derechos Territoriales: El avance es monumental, con 937.570 hectáreas reconocidas, que incluyen la constitución de 101 nuevos resguardos indígenas y la ampliación de 71 ya existentes. El total general de hectáreas reconocidas para ambos grupos étnicos asciende a 988.080 hectáreas.
Esta administración ha puesto un énfasis particular en el reconocimiento de títulos coloniales y republicanos, un acto de justicia largamente esperado. Además, ha impulsado la normatividad, la ampliación y el saneamiento de los títulos colectivos, buscando consolidar la seguridad jurídica de estos territorios.
La política de reforma agraria del presidente Petro y la vicepresidenta Márquez representan un giro ambicioso hacia la justicia territorial. Para el Movimiento Nacional Cimarrón, estos avances son un paso significativo hacia el cierre de brechas históricas y la construcción de una paz verdadera y duradera, cimentada en la dignidad y el reconocimiento de los derechos ancestrales de las comunidades étnicas de Colombia. Sin embargo, el desafío de erradicar las nuevas formas de despojo y adaptar los sistemas financieros a la realidad de la propiedad colectiva sigue siendo una tarea pendiente para consolidar este legado.