Movimiento Nacional Cimarrón | Derechos de la Población Afro
La protección en Colombia combina prevención temprana (enfocada en causas estructurales) y urgente (respuesta a amenazas inmediatas). Aunque existen medidas individuales (como esquemas de seguridad) y colectivas (para comunidades), estas últimas suelen aplicarse de forma fragmentada.
Últimas publicaciones La Reforma Agraria del “Gobierno del Cambio”: Un Salto Histórico en la Titulación de Tierras Étnicas y sus Contrastes con Administraciones Anteriores 1 julio, 2025 Decreto 4635: La Deuda Histórica con la Reparación de las Comunidades Afrocolombianas 11 junio, 2025 Comunicado a la Opinión Pública 9 junio, 2025 El Grito Definitivo de Libertad: 21 de mayo de 1851 y la abolición de la esclavitud en Colombia, una decisión pragmática con deudas pendientes 21 mayo, 2025 La Marcha de la Afrocolombianidad: un grito colectivo por justicia y dignidad 10 mayo, 2025 Mayo de Herencia Afrocolombiana: La Fuerza Viva de la Afrocolombianidad 10 mayo, 2025 El Fin de la Juntanza Étnica: Impacto y Legado del Cierre de un Programa Clave para Comunidades Étnicas en Colombia 25 abril, 2025 Erasing History: Trump, the Museums, and the Crusade Against African American Memory 25 abril, 2025 Borrar la historia: Trump, los museos y la cruzada contra la memoria afroamericana 15 abril, 2025 La crisis de la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior: Un Llamado a la Acción Urgente 6 abril, 2025 La crisis de la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior: Un Llamado a la Acción Urgente Movimiento Nacional Cimarrón Edit Template Por: Prudencio Palacios El Movimiento Nacional Cimarrón, voz incansable de las comunidades afrocolombianas, ha puesto bajo la lupa la implementación de la Reforma Agraria del “Gobierno del Cambio”, liderada por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez. Su análisis revela no solo un compromiso renovado con los derechos territoriales de los grupos étnicos, sino también un contraste notable con las administraciones pasadas, marcando un hito en la política de tierras del país. 6 abril, 2025 Edit Template El pasado martes 27 de mayo de 2025, el Consejo de ministros., encabezado por el presidente Petro, dedicó su sesión principal a la reforma agraria. En este importante encuentro, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, expuso los avances cruciales de la política, confirmando la dirección que el gobierno está tomando para saldar la deuda histórica con el campo colombiano, especialmente con sus comunidades más vulnerables. El pilar de esta política se cimienta en el Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz de 2016. Este componente trascendental no solo reconoce la estrecha relación entre las comunidades y su territorio, sino que también subraya la función social y ambiental de las tierras colectivas. En un planeta azotado por la crisis climática, la gobernanza territorial de los pueblos étnicos emerge como un modelo de sostenibilidad y resiliencia, una visión que el gobierno actual parece haber abrazado con firmeza. A pesar de los avances, persisten desafíos estructurales. Las tierras de propiedad colectiva, pilares de la identidad y subsistencia de las comunidades, poseen un estatus jurídico especial: son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Si bien esta protección es vital para evitar el despojo, paradójicamente, las limitaciones como garantías para la obtención de créditos. Esta realidad obliga a repensar mecanismos de financiación que no comprometan la esencia jurídica de estos territorios. Alarmantemente, el Movimiento Cimarrón ha denunciado una “nueva forma de despojo” que amenaza la seguridad territorial. La aparición de compañías con títulos superpuestos a los títulos colectivos, bajo el pretexto de vender “servicios ambientales”, representa una grave amenaza. Casos emblemáticos en Buenaventura y Istmina, Chocó, ilustran cómo la especulación ambiental puede convertirse en un vehículo para la usurpación de tierras ancestrales, un fenómeno que requiere la atención urgente del Estado. Es en la comparación de cifras donde el ” Gobierno del Cambio ” muestra una diferencia significativa. Los datos revelados demuestran un compromiso sin precedentes en la adquisición y reconocimiento de tierras para las comunidades étnicas, marcando una brecha sustancial con las administraciones anteriores: Para Comunidades Étnicas (Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras): Gobierno Petro y Francia Márquez: Ha logrado la adquisición de 98.395 hectáreas. Esta cifra empequeñece distribuidas las 14.455 hectáreas gestionadas por el Gobierno Duque y las 9.945 hectáreas del Gobierno Santos para estas mismas comunidades. Este salto cuantitativo no solo refleja una mayor voluntad política, sino también una ejecución más efectiva. Reconocimiento de Derechos Territoriales: Se han reconocido formalmente 50.510 hectáreas a comunidades negras, beneficiando a 67 Consejos Comunitarios. Para las comunidades indígenas: Gobierno Petro y Francia Márquez: Se han adquirido 278.855 hectáreas. Reconocimiento de Derechos Territoriales: El avance es monumental, con 937.570 hectáreas reconocidas, que incluyen la constitución de 101 nuevos resguardos indígenas y la ampliación de 71 ya existentes. El total general de hectáreas reconocidas para ambos grupos étnicos asciende a 988.080 hectáreas. Esta administración ha puesto un énfasis particular en el reconocimiento de títulos coloniales y republicanos, un acto de justicia largamente esperado. Además, ha impulsado la normatividad, la ampliación y el saneamiento de los títulos colectivos, buscando consolidar la seguridad jurídica de estos territorios. La política de reforma agraria del presidente Petro y la vicepresidenta Márquez representan un giro ambicioso hacia la justicia territorial. Para el Movimiento Nacional Cimarrón, estos avances son un paso significativo hacia el cierre de brechas históricas y la construcción de una paz verdadera y duradera, cimentada en la dignidad y el reconocimiento de los derechos ancestrales de las comunidades étnicas de Colombia. Sin embargo, el desafío de erradicar las nuevas formas de despojo y adaptar los sistemas financieros a la realidad de la propiedad colectiva sigue siendo una tarea pendiente para consolidar este legado.
Últimas publicaciones Decreto 4635: La Deuda Histórica con la Reparación de las Comunidades Afrocolombianas 11 junio, 2025 Comunicado a la Opinión Pública 9 junio, 2025 El Grito Definitivo de Libertad: 21 de mayo de 1851 y la abolición de la esclavitud en Colombia, una decisión pragmática con deudas pendientes 21 mayo, 2025 La Marcha de la Afrocolombianidad: un grito colectivo por justicia y dignidad 10 mayo, 2025 Mayo de Herencia Afrocolombiana: La Fuerza Viva de la Afrocolombianidad 10 mayo, 2025 El Fin de la Juntanza Étnica: Impacto y Legado del Cierre de un Programa Clave para Comunidades Étnicas en Colombia 25 abril, 2025 Erasing History: Trump, the Museums, and the Crusade Against African American Memory 25 abril, 2025 Borrar la historia: Trump, los museos y la cruzada contra la memoria afroamericana 15 abril, 2025 La crisis de la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior: Un Llamado a la Acción Urgente 6 abril, 2025 Buenaventura: Un Ciclo de Violencia con Raíces Históricas Profundas 2 abril, 2025 Buenaventura: Un Ciclo de Violencia con Raíces Históricas Profundas Movimiento Nacional Cimarrón Edit Template Por: Prudencio Palacios Desde el Movimiento Nacional Cimarrón, alzamos nuestra voz para exigir un cumplimiento urgente y efectivo del Decreto Ley 4635 de 2011. Este decreto, expedido hace ya más de 13 años (desde el 9 de diciembre de 2011), fue una pieza fundamental para reconocer y reparar los daños sufridos por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras en el marco del conflicto armado. No es una ley más; es una herramienta jurídica con enfoque diferencial étnico, diseñada para atender las particularidades del impacto de la guerra en nuestros territorios, culturas y modos de vida. Se complementa con la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), pero el 4635 es crucial porque entiende que la reparación para nosotros debe ir más allá de lo individual, reconociendo la afectación colectiva y estructural. 2 abril, 2025 Edit Template Sin embargo, a pesar de su relevancia, la implementación de este Decreto Ley ha avanzado a paso de tortuga, acumulando una deuda histórica con nuestras comunidades. El 12° Informe de Seguimiento al cumplimiento Decreto Ley 4635 de 2011,emitido por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Defensoría del Pueblo en agosto de 2024, refleja una realidad preocupante sobre la gestión de la reparación integral. El informe es contundente al señalar el lento avance y los desafíos significativos en la reparación colectiva. A pesar de los esfuerzos de formulación, la implementación de los Planes Integrales de Reparación Colectiva (PIRC) avanza con lentitud, lo que impide la materialización de un derecho fundamental para nuestras comunidades. La reparación colectiva para las comunidades afrodescendientes no es un anexo; es el corazón de la política de reparación étnica. Busca restaurar los lazos comunitarios, las tradiciones ancestrales, la autonomía territorial y las formas de vida que el conflicto desestructuró. La lentitud en la implementación de los PIRC significa que miles de proyectos de vida comunitarios están estancados, perpetuando la afectación y la vulnerabilidad. La afectación de derechos colectivos como el territorio, la autonomía y la identidad cultural ha sido profunda, y la reparación colectiva es la medida idónea para abordarla. El informe de la Procuraduría no solo documenta el retraso, sino que también identifica claramente las barreras estructurales que impiden el avance de la reparación integral: Burocracia y gestión ineficiente: Existen “deficiencias en la implementación” y una “falta de capacidad técnica y operativa” que ralentizan de manera inaceptable los procesos. Falta de coordinación interinstitucional: La “falta de articulación entre las entidades” es una constante que impide una respuesta integral y eficiente a las comunidades. Insuficiencia de recursos: Se señala una “insuficiencia de recursos” humanos y técnicos adecuados para la magnitud de la tarea. Ausencia de un enfoque diferencial real: Persisten dificultades en la “implementación del enfoque diferencial”, lo que limita la aplicación de medidas culturalmente pertinentes y acordes a las realidades territoriales. El proceso de restitución de tierras, vital para la reparación integral, también presenta “dificultades y complejidades”. Estos obstáculos no son meras dificultades técnicas; son el reflejo de un desinterés que profundiza la frustración y la desconfianza de las comunidades, que ven cómo la ley que debería protegerlos se convierte en una promesa vacía. Desde el Movimiento Nacional Cimarrón, hacemos un llamado enérgico y categórico a la Unidad para las Víctimas y a todas las entidades involucradas: ¡es hora de acelerar el cumplimiento de la reparación integral! Exigimos acciones concretas: Establecer metas claras y plazos perentorios para la implementación efectiva de los PIRC y el avance en las indemnizaciones. Fortalecer los equipos con enfoque étnico al interior de la Unidad para las Víctimas, garantizando personal idóneo y suficiente. Simplificar los trámites burocráticos que entorpecen el acceso a la reparación. Priorizar y desempantanar los sujetos de reparación colectiva, que son la columna vertebral de la reconstrucción comunitaria. Garantizar la participación efectiva de las comunidades en todo el proceso de reparación, a través de mesas de seguimiento y diálogo directo. La reparación no es un favor; es un derecho fundamental y una condición indispensable para la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. El Estado colombiano tiene la obligación moral y legal de saldar esta deuda histórica con las comunidades afrocolombianas, negras, raizales y palenqueras. El Decreto Ley 4635 de 2011 es la hoja de ruta, y el clamor de nuestras comunidades es claro: ¡Reparación Ya! No más dilaciones. El Movimiento Nacional Cimarrón seguirá vigilante y exigiendo hasta que la justicia y la reparación sean una realidad para cada víctima afrodescendiente.
“Necesitamos seguridad y paz”: director de Cimarrón sobre la población afrodescendiente Finalizamos el primer año de implementación de la Escuela Nelson Mandela Universidad El Externado renueva convenio con Movimiento Nacional CIMARRÓN Universidad El Externado renueva convenio con Movimiento Nacional CIMARRÓN Movimiento Nacional Cimarrón Edit Template Por: Ernesto Medrano Tróchez Fotografía: Recuperada de IEANPE, 2025. Buenaventura se encuentra nuevamente en el ojo del huracán de la violencia, con cifras alarmantes de homicidio y desplazamientos que rememoran los peores momentos de su historia reciente (El Espectador, 2025). La actual confrontación entre las bandas criminales Los Shotas y Los Espartanos, producto de la fractura de la otrora hegemónica banda criminal “La Local”, no es un evento aislado, sino la más reciente manifestación de un arraigo histórico de la violencia que ha mutado de actores y dinámicas, pero que persistentemente afecta a la población civil (Defensoría del Pueblo, 2021). 6 mayo, 2024 Edit Template Desde finales del siglo XX, Buenaventura ha sido un territorio marcado por la presencia y disputa de diversos grupos armados ilegales. La incursión de las FARC, evidenciada con el secuestro masivo en la represa de Anchicayá en 1999, marcó un punto de inflexión, instalando la tensión de la guerra en el puerto (Pares, 2024). A comienzos del siglo XXI, la región se convirtió en un escenario de confrontación aún más cruenta con la llegada y accionar de los grupos paramilitares de las AUC, tristemente recordados por las numerosas masacres y el terror impuesto a la población (Pares, 2024). La desmovilización paramilitar, lejos de traer la paz definitiva, derivó en la fragmentación y reconfiguración de las estructuras criminales, dando paso a estructuras criminales post-desmovilización como “La Empresa” y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes continuaron la lucha por el control territorial y las economías ilícitas (Defensoría del Pueblo, 2016). En este contexto de violencia endémica, emergió “La Local”, una organización que logró consolidar gran parte del monopolio criminal territorial (Defensoría del Pueblo, 2019). Sin embargo, las disputas internas por el poder y el manejo de los lucrativos negocios ilegales, que incluyen la extorsión generalizada, el narcotráfico y la instrumentalización de menores, llevaron a su escisión en Los Shotas y Los Espartanos. Estos dos grupos, hoy protagonistas de una feroz lucha por el control de las comunas urbanas, mantienen las prácticas violentas de sus predecesores, generando desplazamientos forzados, homicidios selectivos, amenazas y un clima de terror que paraliza la vida cotidiana de los bonaverenses (El Espectador, 2025; Defensoría del Pueblo, 2021). La violencia no se limita al ámbito urbano. En las zonas rurales, la presencia histórica y el reingreso de grupos guerrilleros como el ELN y las disidencias de las antiguas FARC-EP, quienes también buscan expandir su control territorial y asegurar rutas para sus actividades ilícitas, añade una capa adicional de complejidad al panorama de seguridad. La población afrocolombiana asentada en estos territorios (rural y urbano) son particularmente vulnerables a las incursiones armadas, el confinamiento, el reclutamiento forzado y otras graves violaciones de derechos humanos (Defensoría del Pueblo, 2021; Defensoría del Pueblo, 2016). El impacto de esta violencia arraigada es devastador para la población civil. La ruptura de la tregua entre Los Shotas y Los Espartanos en 2025 ha exacerbado la situación, llevando a un aumento dramático de homicidios y confinamientos (El Espectador, 2025). Las “fronteras invisibles” impuestas por los grupos armados restringen la movilidad, afectando el acceso a servicios básicos como la educación y la salud (Defensoría del Pueblo, 2021). La extorsión sistemática a comerciantes y transportadores impacta directamente en el costo de vida, agudizando la pobreza en una región ya golpeada por la desigualdad y la discriminación histórica (Defensoría del Pueblo, 2021; Defensoría del Pueblo, 2016). La persistencia de este ciclo de violencia en Buenaventura revela la complejidad de abordar un problema con raíces históricas profundas. Las dinámicas de poder entre los grupos armados, la lucha por el control de las economías ilegales y la debilidad de una presencia estatal integral y efectiva perpetúan la crisis. Si bien los esfuerzos de diálogo y los anuncios de intervención gubernamental son necesarios, la historia de Buenaventura nos enseña que solo una estrategia sostenida y multidimensional, que aborde las causas estructurales de la violencia, fortalezca las instituciones y garantice los derechos de la población, podrá romper este trágico ciclo. La ciudadanía de Buenaventura, históricamente resiliente y movilizada, clama por una paz duradera que trascienda los frágiles acuerdos entre actores armados y construya un futuro donde la vida y la dignidad sean la norma, no la excepción.
