“Necesitamos seguridad y paz”: director de Cimarrón sobre la población afrodescendiente Finalizamos el primer año de implementación de la Escuela Nelson Mandela Universidad El Externado renueva convenio con Movimiento Nacional CIMARRÓN Universidad El Externado renueva convenio con Movimiento Nacional CIMARRÓN Movimiento Nacional Cimarrón Edit Template Por: Ernesto Medrano Tróchez Fotografía: Recuperada de IEANPE, 2025. Buenaventura se encuentra nuevamente en el ojo del huracán de la violencia, con cifras alarmantes de homicidio y desplazamientos que rememoran los peores momentos de su historia reciente (El Espectador, 2025). La actual confrontación entre las bandas criminales Los Shotas y Los Espartanos, producto de la fractura de la otrora hegemónica banda criminal “La Local”, no es un evento aislado, sino la más reciente manifestación de un arraigo histórico de la violencia que ha mutado de actores y dinámicas, pero que persistentemente afecta a la población civil (Defensoría del Pueblo, 2021). 6 mayo, 2024 Edit Template Desde finales del siglo XX, Buenaventura ha sido un territorio marcado por la presencia y disputa de diversos grupos armados ilegales. La incursión de las FARC, evidenciada con el secuestro masivo en la represa de Anchicayá en 1999, marcó un punto de inflexión, instalando la tensión de la guerra en el puerto (Pares, 2024). A comienzos del siglo XXI, la región se convirtió en un escenario de confrontación aún más cruenta con la llegada y accionar de los grupos paramilitares de las AUC, tristemente recordados por las numerosas masacres y el terror impuesto a la población (Pares, 2024). La desmovilización paramilitar, lejos de traer la paz definitiva, derivó en la fragmentación y reconfiguración de las estructuras criminales, dando paso a estructuras criminales post-desmovilización como “La Empresa” y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), quienes continuaron la lucha por el control territorial y las economías ilícitas (Defensoría del Pueblo, 2016). En este contexto de violencia endémica, emergió “La Local”, una organización que logró consolidar gran parte del monopolio criminal territorial (Defensoría del Pueblo, 2019). Sin embargo, las disputas internas por el poder y el manejo de los lucrativos negocios ilegales, que incluyen la extorsión generalizada, el narcotráfico y la instrumentalización de menores, llevaron a su escisión en Los Shotas y Los Espartanos. Estos dos grupos, hoy protagonistas de una feroz lucha por el control de las comunas urbanas, mantienen las prácticas violentas de sus predecesores, generando desplazamientos forzados, homicidios selectivos, amenazas y un clima de terror que paraliza la vida cotidiana de los bonaverenses  (El Espectador, 2025; Defensoría del Pueblo, 2021). La violencia no se limita al ámbito urbano. En las zonas rurales, la presencia histórica y el reingreso de grupos guerrilleros como el ELN y las disidencias de las antiguas FARC-EP, quienes también buscan expandir su control territorial y asegurar rutas para sus actividades ilícitas, añade una capa adicional de complejidad al panorama de seguridad. La población afrocolombiana asentada en estos territorios (rural y urbano) son particularmente vulnerables a las incursiones armadas, el confinamiento, el reclutamiento forzado y otras graves violaciones de derechos humanos (Defensoría del Pueblo, 2021; Defensoría del Pueblo, 2016). El impacto de esta violencia arraigada es devastador para la población civil. La ruptura de la tregua entre Los Shotas y Los Espartanos en 2025 ha exacerbado la situación, llevando a un aumento dramático de homicidios y confinamientos (El Espectador, 2025). Las “fronteras invisibles” impuestas por los grupos armados restringen la movilidad, afectando el acceso a servicios básicos como la educación y la salud (Defensoría del Pueblo, 2021). La extorsión sistemática a comerciantes y transportadores impacta directamente en el costo de vida, agudizando la pobreza en una región ya golpeada por la desigualdad y la discriminación histórica (Defensoría del Pueblo, 2021; Defensoría del Pueblo, 2016). La persistencia de este ciclo de violencia en Buenaventura revela la complejidad de abordar un problema con raíces históricas profundas. Las dinámicas de poder entre los grupos armados, la lucha por el control de las economías ilegales y la debilidad de una presencia estatal integral y efectiva perpetúan la crisis. Si bien los esfuerzos de diálogo y los anuncios de intervención gubernamental son necesarios, la historia de Buenaventura nos enseña que solo una estrategia sostenida y multidimensional, que aborde las causas estructurales de la violencia, fortalezca las instituciones y garantice los derechos de la población, podrá romper este trágico ciclo. La ciudadanía de Buenaventura, históricamente resiliente y movilizada, clama por una paz duradera que trascienda los frágiles acuerdos entre actores armados y construya un futuro donde la vida y la dignidad sean la norma, no la excepción.