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Estos documentos han sido clasificados durante décadas bajo nombres como “Negros y esclavos” o “Caciques e indios”, categorías heredadas del poder colonial y normalizadas en las prácticas archivísticas de nuestro país. Hoy, por primera vez, Colombia se detiene a mirar esos nombres con ojos críticos. Y lo hace no como un capricho académico, sino como un gesto de justicia histórica y una acción simbólica de reparación. 25 abril, 2025 Edit Template Renombrar estos fondos no es un acto trivial ni un simple cambio de etiquetas: es una intervención profunda sobre el lenguaje que organiza la memoria. Es una apuesta por dignificar las historias que han sido contadas desde la mirada del opresor, y por reconocer que las palabras, lejos de ser neutras, han sido históricamente utilizadas para clasificar, reducir y deshumanizar. Los términos “negros y esclavos” o “caciques e indios” no describen hechos de manera objetiva. Son el resultado de un proceso ideológico de cosificación y subordinación, una expresión de la lógica colonial que definía a las personas por su utilidad económica, su “raza” impuesta, o su lugar en un orden social jerarquizado. Mantener estas denominaciones como categorías oficiales implica perpetuar una mirada que niega la humanidad y la agencia de quienes fueron víctimas de estos sistemas de dominación. Frente a esta realidad, el proceso abierto por el AGN —en articulación con la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Cultura, el Museo Nacional y organizaciones sociales— es una oportunidad para repensar nuestras instituciones de la memoria. Es un hito en la lucha por desmontar las narrativas eurocéntricas y racistas que aún estructuran muchos de nuestros repositorios documentales, nuestras prácticas pedagógicas e incluso nuestras políticas de Estado. Como bien ha señalado la Coordinadora de Justicia Étnico Racial de la Vicepresidencia, este proceso no solo apunta a una transformación simbólica. También plantea una reflexión de fondo sobre cómo hemos contado nuestra historia y sobre la urgencia de abrir espacio a nuevas voces, otras sensibilidades y relatos más justos. La reapertura de la exposición “Quitarse la venda de los ojos” en el mismo AGN, con obras de artistas afrocolombianos que abordan el racismo estructural y la memoria de la esclavización, es una expresión contundente de ese esfuerzo por interpelar el pasado desde el arte, la sensibilidad y la resistencia. Algunos han argumentado que cambiar los nombres de los fondos es una forma de “borrar la historia”. Pero esta crítica confunde la fuente con su clasificación. Los documentos originales no se alteran. Lo que se pone en discusión es la manera en que son presentados, organizados y ofrecidos al público. La memoria no se borra: se resignifica. Y eso es parte esencial de una práctica archivística crítica, consciente de que el acceso al pasado no puede hacerse desde la normalización de las violencias simbólicas que estructuraron su producción. Otros objetan que este cambio es una expresión de “presentismo”, una forma de imponer valores actuales sobre contextos del pasado. Pero esta crítica también falla en su base: las categorías archivísticas actuales no son “del pasado”, sino de los archivistas, historiadores e instituciones que las definieron en el siglo XX. No se trata de juzgar con anacronismos, sino de evitar que los criterios de clasificación del presente sigan repitiendo los códigos del sistema esclavista y colonial. Es un llamado a dejar de narrar la historia desde la voz del verdugo. Como lo sostiene Bastien Bosa, “el lenguaje importa”. Y mucho. Nombrar ha sido siempre un ejercicio de poder. En la colonia, renombrar montañas, pueblos, cuerpos y comunidades fue parte del despojo. Hoy, renombrar puede ser un acto de restitución simbólica. Una forma de reconocer que la esclavización fue un crimen contra la humanidad, que sus huellas persisten en nuestra vida social y que las víctimas y sus descendientes tienen derecho a una memoria que no refuerce su cosificación. Este proceso, además, se inscribe en un contexto más amplio de debates sobre el lugar de la memoria en el espacio público: desde los monumentos que celebran figuras racistas, hasta los textos escolares que omiten las resistencias afro e indígenas. En todos estos escenarios, lo que está en juego no es solo el pasado, sino el tipo de sociedad que queremos construir. ¿Una sociedad que preserva jerarquías coloniales en sus símbolos, o una que se atreve a mirarse críticamente y a construir memoria desde la dignidad? Renombrar, entonces, no es solo un gesto político. Es también una herramienta pedagógica, una forma de invitar a las nuevas generaciones a pensar la historia desde otros lugares. A preguntarse no solo qué pasó, sino quién lo contó, con qué palabras, desde qué intereses.

“Necesitamos seguridad y paz”: director de Cimarrón sobre la población afrodescendiente Finalizamos el primer año de implementación de la Escuela Nelson Mandela Universidad El Externado renueva convenio con Movimiento Nacional CIMARRÓN Universidad El Externado renueva convenio con Movimiento Nacional CIMARRÓN Movimiento Nacional Cimarrón Edit Template Por Prudencio Palacios Palacios  El cierre del programa Juntanza Étnica, una iniciativa que floreció entre 2021 y 2024 bajo el auspicio de la Fundación ACDI/VOCA, con el respaldo crucial de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), sembró una profunda preocupación en las comunidades étnicas de Colombia. Esta iniciativa, que durante sus años de funcionamiento se había convertido en un faro de esperanza para el fortalecimiento de la gobernanza propia, la promoción de oportunidades económicas arraigadas en la identidad cultural y la salvaguarda del rico patrimonio ancestral, llegó a su fin en un contexto marcado por la incertidumbre. 6 mayo, 2024 Edit Template La decisión de la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, de recortar drásticamente los fondos destinados a programas de desarrollo internacional, incluyendo aquellos enfocados en el apoyo a las comunidades étnicas en Colombia, asestó un golpe directo a la continuidad de Juntanza Étnica. De hecho, informes indican que EE.UU. “canceló oficialmente el 83%” de los programas de USAID. La narrativa de un supuesto “despilfarro” de recursos resonó en Washington, eclipsando los logros palpables que el programa había cosechado en territorios a menudo marginados y olvidados. Incluso, el presidente Trump criticó específicamente la asignación presupuestal de USAID a la ejecución de programas con étnico en Colombia. El impacto de este cierre no se hizo esperar. Organizaciones de base afrocolombianas e indígenas, que habían encontrado en Juntanza Étnica un aliado estratégico para impulsar sus propios procesos de desarrollo y autonomía, se vieron repentinamente despojadas de un apoyo fundamental. El cese abrupto de la financiación obligó a muchas de estas organizaciones a cerrar sus puertas, despidiendo a equipos de trabajo comprometidos y truncando iniciativas vitales en áreas como la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y el fortalecimiento de las identidades culturales. Decenas de estas organizaciones se vieron forzadas al cierre debido a estos  recortes de Trump La sensación en las comunidades étnicas fue de desamparo y frustración. Líderes que habían depositado su confianza en la continuidad de estos procesos vieron cómo años de esfuerzo y colaboración se desvanecían ante una decisión política ajena a la realidad de sus territorios. La pregunta que resonaba con fuerza era qué camino seguirían ahora, cómo llenar el vacío dejado por un programa que había logrado tejer lazos de confianza y construir capacidades locales. Ante este escenario, la mirada se dirige hacia el gobierno nacional colombiano. Sin embargo, hasta el momento, no se ha percibido un plan estratégico y articulado para mitigar las consecuencias del cierre de Juntanza Étnica. No se ha anunciado una iniciativa gubernamental de envergadura similar que busque recoger el legado del programa y dar continuidad a los procesos de fortalecimiento comunitario que se vieron interrumpidos. Tampoco se ha evidenciado una gestión activa y decidida por parte del gobierno para buscar nuevas fuentes de financiación internacional que puedan suplir el vacío dejado por la cooperación estadounidense. La búsqueda de alianzas con otros países que compartan la visión de un desarrollo inclusivo y respetuoso de la diversidad étnica parece no haber tomado la urgencia que la situación americana. La incertidumbre persiste en las comunidades étnicas. El cierre de Juntanza Étnica no solo significó la pérdida de un importante flujo de recursos, sino también la interrupción de un modelo de trabajo colaborativo que había demostrado ser efectivo en la promoción de su desarrollo autodeterminado. La ausencia de un plan claro por parte del gobierno nacional para corregir esta situación o para explorar nuevas vías de apoyo internacional genera una profunda preocupación sobre el futuro de estas iniciativas y el bienestar de las comunidades que tanto se benefician de ellas. El legado de Juntanza Étnica, aunque valioso, corre el riesgo de diluirse si no se encuentran nuevos caminos para seguir construyendo sobre lo avanzado. Foto: Julián Vivas – ACDIVOCA.

“Necesitamos seguridad y paz”: director de Cimarrón sobre la población afrodescendiente Finalizamos el primer año de implementación de la Escuela Nelson Mandela Universidad El Externado renueva convenio con Movimiento Nacional CIMARRÓN Universidad El Externado renueva convenio con Movimiento Nacional CIMARRÓN Movimiento Nacional Cimarrón Edit Template By Ernesto Medrano Throughout history, authoritarian regimes have clearly understood the power of narratives. Controlling history means controlling the present—and whoever controls the present shapes the future. That is why we should not be surprised that, as part of his renewed political offensive, U.S. President Donald Trump has launched a crusade against American museums, particularly those that represent African American, gender, and LGBTQ+ narratives. Beyond the headlines, what is truly at stake is the soul of the nation: its memory. 6 mayo, 2024 Edit Template Since taking office in January 2025, Trump has issued a series of executive orders with global impacts, including the dismantling of the United States Agency for International Development (USAID). On March 27, the U.S. government presented an executive order that promises to “restore truth and reason to the history of the United States” (Swissinfo). According to Trump, there is a “concerted and widespread effort” to distort facts and promote a narrative that presents the country’s “foundational principles” in a “negative light” (Infobae). The order directly targets the Smithsonian Institution, the country’s most emblematic museum complex. Trump accuses the institution of promoting a “divisive and race-centered ideology” and demands a ban on funding exhibitions that “divide Americans by race”. The clearest target is the National Museum of African American History and Culture, inaugurated in 2016, but other exhibitions focused on diversity in cultural institutions have also been canceled (El Espectador). Behind this seemingly neutral discourse about “unity” and “shared values” lies a dangerous logic: the denial of structural racism and the role of African descendant communities in the building of the United States. The message is clear: if African American history makes people uncomfortable, it must be silenced. If it reveals the foundational violence of the country, it must be dismantled. If it represents resistance, it must be canceled. This is not merely a dispute about aesthetics or academic perspective. This narrative seeks to replace living history—complex, conflict-ridden, and courageous—with a sanitized version that glorifies the founding fathers while erasing slavery, racism, Black resistance, and the struggles for freedom. It is no coincidence that Trump’s order also hints at reinstalling Confederate monuments removed after the murder of George Floyd. The goal is to rewrite history from a place of white privilege, using a language of “unity” that denies conflict and perpetuates supremacy. Image No. 1. Paragraph from the Executive Order issued by Trump Source: Restoring Truth and Sanity in American History, March 27, 2025. From Latin America, this attack resonates deeply. Not only because of the historical and cultural connection between the diasporas, but also because we too face attempts to deny structural racism, relativize the struggles of our communities, or erase the uncomfortable memories of slavery, dispossession, and resistance. What is happening in the United States is yet another symptom of a global backlash against the progress of antiracist, feminist, and decolonial movements. It is the offensive of privilege, disguised as historical neutrality. As African American historian W.E.B. Du Bois once said, “What is done to the most marginalized will be done, sooner or later, to everyone.” Now more than ever, defending African American history is a collective responsibility. We cannot allow silence to replace memory, nor power to rewrite the past to sustain exclusion. From any place in the world—whether in the United States, Colombia, or anywhere memory is under threat—we must raise our voices to demand plural, inclusive, and truthful narratives. Preserving African memory is not just about resisting erasure; it is about insisting on justice, dignity, and the right to fully exist in history. Image source: BBC News Mundo.

“Necesitamos seguridad y paz”: director de Cimarrón sobre la población afrodescendiente Finalizamos el primer año de implementación de la Escuela Nelson Mandela Universidad El Externado renueva convenio con Movimiento Nacional CIMARRÓN Universidad El Externado renueva convenio con Movimiento Nacional CIMARRÓN Movimiento Nacional Cimarrón Edit Template Por Ernesto Medrano Tróchez A lo largo de la historia, los regímenes autoritarios han entendido muy bien el poder de los relatos. Controlar la historia es controlar el presente, y quien controla el presente, determina el futuro. Por eso no debería sorprendernos que, en su nueva ofensiva política, el presidente estadounidense Donald Trump haya emprendido una cruzada contra los museos de Estados Unidos, particularmente aquellos que representan narrativas afroamericanas, de género y de disidencia sexual. Pero más allá de los titulares, lo que se está disputando es el alma misma de la nación: su memoria. 6 mayo, 2024 Edit Template Desde su llegada, en enero de 2025, Trump ha emitido diversas órdenes ejecutivas, con impactos globales, como el desmantelamiento de la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos – USAID. Sin embargo, el 27 de marzo el gobierno de los Estados Unidos presentó una orden ejecutiva que promete “restaurar la verdad y la razón en la historia de Estados Unidos” (Swissinfo). En palabras suyas, hay un intento “concertado y generalizado” por distorsionar los hechos y promover una narrativa que presenta los “principios fundacionales” de EE.UU. en una “luz negativa” (Infobae). La orden apunta directamente al Smithsonian, el complejo de museos más emblemático del país. Trump acusa a la institución de promover una “ideología divisiva y centrada en la raza”, y exige que se prohíba el gasto en exposiciones que “dividan a los estadounidenses por motivos raciales”. El blanco más evidente es el Museo Nacional de Historia y Cultura Afroamericana, inaugurado en 2016, pero también se han cancelado exposiciones con enfoque de diversidad en otras instituciones culturales (El Espectador). Detrás de este discurso aparentemente neutral sobre la “unidad” y los “valores compartidos” se esconde una lógica peligrosa: la negación del racismo estructural y del rol de las comunidades afrodescendientes en la construcción de Estados Unidos. El mensaje es claro: si la historia de los afroamericanos incomoda, entonces debe ser silenciada. Si revela las violencias fundacionales del país, debe ser desmantelada. Si representa resistencia, entonces debe ser cancelada. No se trata solo de una disputa estética o de enfoque académico. Esta narrativa busca sustituir la historia viva —compleja, conflictiva, valiente— por una versión higienizada que exalta a los padres fundadores y borra la esclavitud, el racismo, la resistencia negra y las luchas por la libertad. No es casual que la orden de Trump también insinúe la posibilidad de reinstalar monumentos confederados retirados tras el asesinato de George Floyd. El objetivo es reescribir la historia desde el privilegio blanco, con un lenguaje de “unidad” que niega el conflicto y perpetúa la supremacía. Imagen No. 1. Párrafo de la Órden Ejecutiva emitida por Trump Fuente: Restaurando la verdad y la cordura en la historia estadounidense, 27 de marzo de 2025.   Desde América Latina, este ataque nos interpela profundamente. No solo por la conexión histórica y cultural entre las diásporas, sino porque también aquí enfrentamos intentos de negar el racismo estructural, relativizar las luchas de nuestras comunidades o borrar las memorias incómodas de la esclavitud, el despojo y la resistencia. Lo que ocurre en Estados Unidos es un síntoma más de una reacción global contra los avances de los movimientos antirracistas, feministas y decoloniales. Es la ofensiva del privilegio, disfrazada de neutralidad histórica. Pero como bien dijo el historiador afroamericano W.E.B. Du Bois, “lo que se le hace a los más marginados se les hace, tarde o temprano, a todos”. Hoy más que nunca, la defensa de la historia afroamericana es una tarea colectiva. No podemos permitir que el silencio sustituya a la memoria ni que el poder reescriba el pasado para perpetuar la exclusión. Desde cualquier lugar del mundo —sea en Estados Unidos, en Colombia o en cualquier rincón donde la memoria esté bajo amenaza— debemos alzar la voz para exigir narrativas plurales, inclusivas y verdaderas. Porque preservar la memoria afro no es solo resistir el olvido: es insistir en la justicia, la dignidad y el derecho a existir plenamente en la historia. Imagen tomada de: BBC News Mundo. 

“Necesitamos seguridad y paz”: director de Cimarrón sobre la población afrodescendiente Finalizamos el primer año de implementación de la Escuela Nelson Mandela Universidad El Externado renueva convenio con Movimiento Nacional CIMARRÓN Universidad El Externado renueva convenio con Movimiento Nacional CIMARRÓN Movimiento Nacional Cimarrón Edit Template Por: Prudencio Palacios Palacios En el corazón del Ministerio del Interior existe una entidad llamada a ser la voz institucional de los pueblos afrocolombianos, raizales y palenqueros: la Dirección de Comunidades Negras (DCN). Su función es tan esencial como urgente: proteger derechos, coordinar acciones afirmativas y representar ante el Estado la agenda de quienes, históricamente, han sido marginados. Pero en estos últimos años, la DCN ha sido víctima de un deterioro institucional preocupante que no solo amenaza su operatividad, sino que simboliza una crisis más profunda: la desconexión entre la promesa de un gobierno del cambio y la realidad de las comunidades negras en Colombia. 6 mayo, 2024 Edit Template Desde el inicio del gobierno del presidente Gustavo Petro, la DCN ha tenido tres directores. Esta rotación, lejos de representar renovación o dinamismo, ha sido reflejo de una alarmante inestabilidad institucional. Detrás de cada nombre, hay una historia de frustraciones, expectativas incumplidas y oportunidades desperdiciadas. El primero en asumir fue Víctor Hugo Moreno Minas, un líder reconocido pero cuya gestión terminó siendo sinónimo de parálisis. Según cifras reveladas por la revista Cambio, de los más de 49 mil millones de pesos asignados para 2024, apenas se ejecutaron 64 millones. La cifra no solo duele: indigna. Las necesidades de las comunidades están más vivas que nunca —educación, salud, protección colectiva, territorio—, y ver recursos sin usar mientras se siguen sumando violencias y carencias es, sencillamente, inadmisible. A Moreno le sucedió Idalmy Minota Terán, respaldada por importantes sectores del movimiento afrocolombiano. Su llegada despertó esperanzas de reorganización y liderazgo efectivo. Sin embargo, en tan solo tres meses, su paso por la dirección fue igual de frustrante: una drástica reducción de la planta, falta de personal calificado y ausencia de avances concretos. El corto tiempo y los bloqueos institucionales no le permitieron materializar las transformaciones esperadas. Para las comunidades, este cambio representó una nueva promesa rota. El nombramiento de Amelia Cotes como directora de la Dirección de Comunidades Negras (DCN) ha estado rodeado de controversia y evidencia el deterioro institucional que atraviesa esta dependencia clave (Artículo recomendado: Las desconexiones que limitan la representación política de poblaciones afro). Proveniente de la Dirección de Asuntos Religiosos, Cotes fue declarada insubsistente en ese cargo y, tras un fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordenaba su reintegro, fue ubicada en la DCN en lugar de ser restituida en su antiguo puesto, a pesar de que su cargo anterior se encontraba disponible, una decisión que vulnera los derechos de la población afrocolombiana. Más allá de su trayectoria, lo más preocupante son las denuncias que ella misma ha elevado en un memorando dirigido al presidente de la República, en el que denuncia acoso laboral, discriminación institucional y la imposición de obstáculos sistemáticos por parte del viceministro de Diálogo Social y Derechos Humanos, Héctor Gabriel Rondón. Según su relato, ha sido marginada de funciones esenciales, lo que ha limitado gravemente su capacidad de acción y, por ende, la operatividad de la dirección en beneficio de las comunidades a las que debe servir. Imagen No. 1. Problemáticas en la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior. Fuente: Construcción propia, con base en la cuenta de Twitter de @AmeliaCotes El panorama que dibuja Cotes es devastador: inejecución de más de 49 mil millones de pesos solo en la DCN, y casi 38 mil millones más represados en el Viceministerio. La falta de personal, el ambiente hostil y la desarticulación institucional están impidiendo que la DCN cumpla su misión. Mientras tanto, las comunidades siguen esperando atención, acción, presencia.   El 10 de febrero, el Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, renunció al cargo, lo que añade una nueva capa de incertidumbre a la situación. El presidente Gustavo Petro anunció que el nuevo ministro es Armando Benedetti, pero la DCN sigue sumida en la crisis. La situación continúa siendo alarmante.  El Movimiento Nacional Cimarrón y diversas organizaciones han instado al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez a reorientar la dirección de la DCN, subrayando la necesidad de una respuesta inmediata y transformaciones ciertas, ante la ineficiencia y falta de compromiso expresada hacia las comunidades afrocolombianas. Es crucial que se priorice el bienestar de las comunidades a las que esta dirección debe servir, garantizando así que la DCN cumpla su misión de formar vínculos efectivos y de impacto. No se trata únicamente de nombres o cifras. Se trata de lo que esas cifras representan: niños, niñas y jóvenes sin acceso a proyectos educativos pertinentes, mujeres afro sin respaldo institucional, líderes y lideresas comunitarios sin rutas de protección efectivas, territorios sin desarrollo. Cada peso no ejecutado es una oportunidad perdida para cerrar brechas históricas.