15 de octubre | Día Internacional de las Mujeres Rurales En Colombia, hablar de las mujeres rurales afrodescendientes es hablar de territorio, memoria, trabajo, cultura y defensa de la vida. En comunidades rurales y territorios colectivos, miles de mujeres han sostenido históricamente prácticas productivas, familiares y comunitarias que contribuyen al bienestar de sus pueblos y a la protección de los ecosistemas. Su trabajo está presente en la agricultura, la pesca, la minería tradicional, la transformación y comercialización de productos, la cocina, el cuidado de las familias y la transmisión de conocimientos ancestrales. Muchas de estas actividades hacen parte de economías familiares y comunitarias que, aunque fundamentales para la vida de los territorios, no siempre son reconocidas ni valoradas lo suficiente. Mujeres afrodescendientes que sostienen los territorios Las mujeres afro rurales mantienen una relación profunda con los territorios que habitan. En ellos se encuentran sus historias familiares, sus prácticas culturales, sus conocimientos sobre la naturaleza y las memorias de generaciones que han construido formas propias de relacionarse con la tierra, los ríos, los bosques y el mar. Su participación también ha sido fundamental en la defensa de los territorios frente a diferentes amenazas sociales, ambientales y económicas. Desde sus comunidades, muchas mujeres han liderado procesos organizativos, iniciativas de economía propia, acciones de protección ambiental y estrategias para preservar las prácticas culturales de sus pueblos. Por ello, reconocer su aporte implica comprender que el territorio no es únicamente un espacio geográfico: es un lugar de vida, identidad, memoria, autonomía y construcción colectiva. Racismo, desigualdad y brechas que persisten A pesar de sus contribuciones, las mujeres afrodescendientes rurales enfrentan múltiples barreras para el ejercicio pleno de sus derechos. Las desigualdades relacionadas con el género, la pertenencia étnico-racial y la ruralidad pueden profundizar las dificultades para acceder a recursos productivos, educación, servicios, oportunidades económicas, participación política y mecanismos de protección. A estas condiciones se suman problemáticas relacionadas con la tenencia y acceso a la tierra, las dificultades para fortalecer emprendimientos y economías propias, la sobrecarga de las labores de cuidado y las afectaciones derivadas de conflictos y transformaciones económicas y ambientales en los territorios. Estas situaciones no pueden analizarse de manera aislada. Para las mujeres afrodescendientes rurales, la lucha contra el racismo está estrechamente relacionada con la defensa de sus derechos económicos, sociales, culturales y territoriales. Economía propia y autonomía Las mujeres afro rurales también son protagonistas de diversas formas de economía propia y solidaria. Sus conocimientos y actividades productivas contribuyen a la seguridad alimentaria, generan ingresos para las familias y fortalecen los vínculos comunitarios. La agricultura, la pesca, la producción artesanal, la gastronomía, la transformación de alimentos, la comercialización local y otras actividades forman parte de un entramado económico que combina generación de ingresos, conocimientos tradicionales y prácticas de cuidado. Fortalecer estas economías requiere políticas y programas que reconozcan las particularidades de las comunidades afrodescendientes rurales y que garanticen condiciones para que las mujeres puedan acceder a tierra, financiación, asistencia técnica, formación, mercados y espacios de decisión sin discriminación. Mujeres, territorio y participación La participación de las mujeres afrodescendientes en las decisiones sobre sus comunidades y territorios es fundamental. Sus conocimientos y experiencias aportan perspectivas indispensables para abordar asuntos relacionados con el ambiente, la economía, la cultura, la seguridad alimentaria y el bienestar colectivo. Garantizar esta participación significa avanzar hacia escenarios donde las mujeres no sean consideradas únicamente beneficiarias de programas sociales, sino sujetas políticas y protagonistas de los procesos de transformación de sus comunidades. La defensa de sus derechos también implica reconocer el liderazgo de las organizaciones de mujeres afrodescendientes y fortalecer sus capacidades para incidir en las decisiones que afectan sus territorios y sus proyectos de vida. Defender a las mujeres afro rurales es defender la vida En el Movimiento Nacional CIMARRÓN, reivindicamos el papel de las mujeres afrodescendientes rurales en la construcción de comunidades, la defensa de los territorios y el fortalecimiento de las economías propias. Este 15 de octubre hacemos un llamado a reconocer sus aportes y a avanzar hacia condiciones que permitan garantizar sus derechos, fortalecer su autonomía económica, promover su participación y enfrentar las distintas expresiones del racismo y la discriminación. Las mujeres afro rurales no solo habitan los territorios: los construyen, los cuidan, los defienden y mantienen vivas sus memorias y saberes. Reconocerlas es reconocer la diversidad y la riqueza de Colombia. Garantizar sus derechos es avanzar hacia la justicia racial, la equidad de género y la dignidad de los pueblos afrodescendientes. Mujeres afro rurales: territorio, memoria, economía y resistencia. Movimiento Nacional CIMARRÓN

La Ley 70 de 1993 constituye uno de los principales logros jurídicos de la lucha histórica del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero en Colombia. Su expedición fue resultado de décadas de movilización social y política orientadas a combatir el racismo, reivindicar la dignidad de las comunidades negras y lograr el reconocimiento de sus derechos colectivos. La norma desarrolló el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991 y reconoció, entre otros aspectos, el derecho a la propiedad colectiva de determinados territorios, la identidad cultural y la necesidad de garantizar condiciones reales de igualdad de oportunidades. Desde la perspectiva del Movimiento Nacional Cimarrón, este proceso debe entenderse como una concesión del Estado y el resultado de la resistencia y organización política de las comunidades afrocolombianas. El cimarronismo ha sostenido históricamente que la lucha del pueblo negro no puede reducirse al reconocimiento cultural o territorial; debe enfrentar de manera estructural el racismo, la discriminación racial, la exclusión económica y la desigualdad social. En ese sentido, la Ley 70 representa un avance fundamental, pero también evidencia las limitaciones de un modelo jurídico que no alcanzó a recoger integralmente las aspiraciones del movimiento afrocolombiano. Avances alcanzados Uno de los mayores avances de la Ley 70 fue convertir en derechos jurídicamente reconocibles reivindicaciones que durante mucho tiempo habían sido ignoradas por el Estado. La norma reconoció la existencia de las comunidades negras como grupo étnico y estableció mecanismos para proteger su identidad cultural, creó las bases jurídicas para la propiedad colectiva de los territorios tradicionalmente ocupados por comunidades negras y otorgó a los Consejos Comunitarios funciones de administración interna, protección territorial y conservación de los recursos naturales. El reconocimiento territorial constituye, desde esta perspectiva, un avance de enorme importancia. El territorio dejó de ser entendido únicamente como un espacio físico o como un bien susceptible de apropiación individual y empezó a reconocerse como un elemento estrechamente relacionado con la cultura, la organización social, la autonomía y la supervivencia colectiva. El Decreto 1745 de 1995 desarrolló posteriormente el procedimiento para el reconocimiento de la propiedad colectiva y estableció reglas para la conformación y funcionamiento de los Consejos Comunitarios. También debe reconocerse el impacto de la Ley 70 sobre la participación política y la construcción de institucionalidad étnica. La creación de Consejos Comunitarios y de diferentes espacios de participación permitió que las comunidades contaran con instrumentos para interlocutar con el Estado y defender sus intereses. A ello se sumó el desarrollo posterior de normas y jurisprudencia relacionadas con la consulta previa, la participación y la protección de los derechos colectivos. El propio Ministerio del Interior reconoce dentro del marco normativo afrocolombiano disposiciones como el Decreto 1745 de 1995, el Decreto 3770 de 2008 y la jurisprudencia constitucional que reconoce a las comunidades negras como sujetos de derechos étnicos. Otro avance importante ha sido la consolidación de una conciencia jurídica y política afrocolombiana. La Ley 70 contribuyó a que las comunidades pudieran reclamar ante el Estado derechos relacionados con territorio, identidad, participación, educación, recursos naturales y desarrollo propio. En este sentido, su importancia trasciende el contenido literal de sus artículos: abrió un espacio constitucional y legal para nuevas reivindicaciones y fortaleció la capacidad de las organizaciones afrocolombianas para exigir el cumplimiento de sus derechos.