La Ley 70 de 1993 constituye uno de los principales logros jurídicos de la lucha histórica del pueblo negro, afrocolombiano, raizal y palenquero en Colombia. Su expedición fue resultado de décadas de movilización social y política orientadas a combatir el racismo, reivindicar la dignidad de las comunidades negras y lograr el reconocimiento de sus derechos colectivos. La norma desarrolló el artículo transitorio 55 de la Constitución Política de 1991 y reconoció, entre otros aspectos, el derecho a la propiedad colectiva de determinados territorios, la identidad cultural y la necesidad de garantizar condiciones reales de igualdad de oportunidades.
Desde la perspectiva del Movimiento Nacional Cimarrón, este proceso debe entenderse como una concesión del Estado y el resultado de la resistencia y organización política de las comunidades afrocolombianas. El cimarronismo ha sostenido históricamente que la lucha del pueblo negro no puede reducirse al reconocimiento cultural o territorial; debe enfrentar de manera estructural el racismo, la discriminación racial, la exclusión económica y la desigualdad social. En ese sentido, la Ley 70 representa un avance fundamental, pero también evidencia las limitaciones de un modelo jurídico que no alcanzó a recoger integralmente las aspiraciones del movimiento afrocolombiano.
Avances alcanzados
Uno de los mayores avances de la Ley 70 fue convertir en derechos jurídicamente reconocibles reivindicaciones que durante mucho tiempo habían sido ignoradas por el Estado. La norma reconoció la existencia de las comunidades negras como grupo étnico y estableció mecanismos para proteger su identidad cultural, creó las bases jurídicas para la propiedad colectiva de los territorios tradicionalmente ocupados por comunidades negras y otorgó a los Consejos Comunitarios funciones de administración interna, protección territorial y conservación de los recursos naturales.
El reconocimiento territorial constituye, desde esta perspectiva, un avance de enorme importancia. El territorio dejó de ser entendido únicamente como un espacio físico o como un bien susceptible de apropiación individual y empezó a reconocerse como un elemento estrechamente relacionado con la cultura, la organización social, la autonomía y la supervivencia colectiva. El Decreto 1745 de 1995 desarrolló posteriormente el procedimiento para el reconocimiento de la propiedad colectiva y estableció reglas para la conformación y funcionamiento de los Consejos Comunitarios.
También debe reconocerse el impacto de la Ley 70 sobre la participación política y la construcción de institucionalidad étnica. La creación de Consejos Comunitarios y de diferentes espacios de participación permitió que las comunidades contaran con instrumentos para interlocutar con el Estado y defender sus intereses. A ello se sumó el desarrollo posterior de normas y jurisprudencia relacionadas con la consulta previa, la participación y la protección de los derechos colectivos. El propio Ministerio del Interior reconoce dentro del marco normativo afrocolombiano disposiciones como el Decreto 1745 de 1995, el Decreto 3770 de 2008 y la jurisprudencia constitucional que reconoce a las comunidades negras como sujetos de derechos étnicos.
Otro avance importante ha sido la consolidación de una conciencia jurídica y política afrocolombiana. La Ley 70 contribuyó a que las comunidades pudieran reclamar ante el Estado derechos relacionados con territorio, identidad, participación, educación, recursos naturales y desarrollo propio. En este sentido, su importancia trasciende el contenido literal de sus artículos: abrió un espacio constitucional y legal para nuevas reivindicaciones y fortaleció la capacidad de las organizaciones afrocolombianas para exigir el cumplimiento de sus derechos.