En este nuevo contexto político, el Movimiento Nacional Cimarrón mantiene sus exigencias con claridad y firmeza, frente a este nuevo gobierno. De la Espriella, se impuso en la campaña con un programa centrado en la seguridad y el relanzamiento de las industrias extractivas, sin nunca mostrar una agenda étnica ni una visión específica para las comunidades afrocolombianas. Sus compromisos con estas comunidades se resumen en la ausencia : ausencia en su programa, ausencia en sus discursos de campaña, ausencia en sus alianzas políticas. Cimarrón porta por tanto sus exigencias en este contexto, con la misma firmeza que ha mantenido frente a los gobiernos anteriores, incluyendo el de Petro, que tampoco respondió plenamente a ellas.

Entre las reivindicaciones que el Movimiento Nacional Cimarrón presenta ante el nuevo gobierno, la del acceso al agua potable en las ciudades afrocolombianas del Pacífico es inseparable de todas las demás. Buenaventura, Quibdó, Guapi y Tumaco comparten un mismo problema desde hace medio siglo, sus habitantes no tienen acceso continuo al agua corriente. En Buenaventura, primer puerto del país por el que transita el 60 % del comercio exterior nacional, el agua solo llega cada tres días en muchos barrios. Varios gobiernos sucesivos han prometido una solución estructural. Ninguno la ha financiado hasta el final. El próximo plan nacional de desarrollo debe inscribir el financiamiento completo y garantizado del acceso continuo al agua potable en estas cuatro ciudades, con plazos vinculantes y un presupuesto protegido de ejecución obligatoria. El dragado de la bahía de Buenaventura, que condiciona directamente la actividad económica de los pescadores y los trabajadores portuarios afrocolombianos, también debe figurar en él como compromiso firme.

Esta cuestión del agua ilustra un problema más amplio : el de la aplicación real de las leyes que protegen a las comunidades afrocolombianas. La Ley 70 de 1993 reconoce el derecho de las comunidades negras a la propiedad colectiva de sus tierras ancestrales, lo que significa que estas tierras pertenecen a la comunidad en su conjunto y no pueden ser ni vendidas ni explotadas sin su consentimiento. Treinta años después de su adopción, una gran parte de sus disposiciones no ha sido aún traducida en reglamentos de aplicación. El próximo plan debe financiar la implementación completa de esta ley, con una distinción clara entre las tierras colectivas existentes y las tierras productivas nuevamente distribuidas a las familias afrodescendientes. Sin esta distinción, las cifras oficiales continúan presentando como avances realidades que no lo son.

La educación se inscribe en esta misma lógica de derechos existentes nunca plenamente implementados. Existe un fondo público que permite a los jóvenes de las comunidades negras acceder a la universidad mediante un crédito que se condona íntegramente al finalizar los estudios, a condición de desarrollar un proyecto en beneficio de su comunidad. Este mecanismo nunca ha sido dimensionado para llegar realmente a los jóvenes que más lo necesitan. Sus convocatorias solo duran unas pocas semanas, presuponen un acceso estable a internet, y los plazos son con frecuencia imposibles de cumplir para familias que viven en zonas rurales aisladas. Este fondo debe ser reestructurado en profundidad, con convocatorias más largas, accesibles sin conexión a internet obligatoria, y difundidas a través de antenas locales en las zonas rurales aisladas. La enseñanza de los estudios afrocolombianos en las escuelas del país exige el mismo diagnóstico. Obligatoria desde 1998 en todos los establecimientos colombianos, abarca la historia, la cultura y las contribuciones de las comunidades negras a la construcción de la nación. En los hechos, se reduce con frecuencia a unas pocas actividades simbólicas en torno al 21 de mayo, Día Nacional de la Afrocolombianidad, sin integrarse nunca a los programas anuales. El próximo plan debe financiar la formación de los docentes en estos contenidos e instaurar un mecanismo de seguimiento para verificar que esta enseñanza se imparte realmente en cada región.

Estas carencias no son fruto del azar. Se inscriben en un contexto de racismo estructural que las políticas públicas nunca han enfrentado directamente. Existe una ley contra los actos de discriminación racial desde 2011, pero ninguna institución está específicamente encargada de velar por su aplicación y ningún presupuesto le está asignado. El próximo plan nacional de desarrollo debe prever la creación de una institución dedicada, dotada de recursos propios, encargada de recibir las denuncias, hacer seguimiento de las sanciones y publicar cada año un informe público sobre el estado de los derechos de las comunidades afrocolombianas. Sin mecanismo de control y de sanción, una ley contra el racismo no tiene efecto real sobre la vida de las comunidades.

La cuestión de los territorios es igualmente central. El programa del nuevo gobierno prevé el relanzamiento del fracking y nuevos contratos de exploración petrolera y minera. El fracking es una técnica de extracción que fractura el subsuelo inyectando agua a alta presión, con efectos documentados sobre los mantos freáticos y los ecosistemas. Los territorios afrocolombianos del Pacífico y la Amazonía se encuentran entre los más ricos del país en recursos naturales y, por tanto, los más expuestos a estos proyectos. El próximo plan debe fortalecer los mecanismos de consulta previa e imponer a las empresas que operan en estos territorios obligaciones vinculantes de desarrollo local y de empleo en beneficio de las comunidades.

Todas estas reivindicaciones tienen un punto en común : no pueden ser plenamente satisfechas a menos que las comunidades afrocolombianas participen realmente en la elaboración del plan mismo. El derecho a la consulta previa, libre e informada está garantizado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Colombia. En los anteriores ciclos de planificación, esta consulta ha tenido lugar con frecuencia al final del proceso, para validar decisiones ya tomadas. El espacio nacional de consulta previa debe ser movilizado desde el inicio de la elaboración del plan, con un derecho de control real sobre los presupuestos asignados a las comunidades afrocolombianas en cada ministerio. Es la garantía mínima sin la cual las demás reivindicaciones permanecerán como compromisos sin traducción presupuestal ni institucional.