¿Qué progresos trae consigo el Plan Nacional de Desarrollo para las Comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras?

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Imagen Revista Vive Afro.

El Plan de $1.100 billones de pesos, fue radicado por el Gobierno del presidente Iván Duque al Congreso de la República el 6 de febrero de 2019. Desde aquel día, el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, ha dado mucho de qué hablar. Por un lado, el Plan Nacional de Desarrollo propuesto tiene un costo que sobrepasa lo producido por el país durante un año, que corresponde casi a $1 billón pesos. Se aspira que el 66,6% de esta cantidad, equivalente a $729,6 billones, sean invertidos por el Gobierno Nacional y de la cifra restante, $366,5 billones, sean asumidas, no sin intereses de antemano, por el sector privado.

Ahora, hablemos de lo que nos interesa; de un plan que, aunque posee 1660 páginas, solo dedica 2 de ellas a la comunidad Negra, Afrodescendiente, Raizal y Palenquera.

En el punto D perteneciente al capítulo Pacto por la equidad de oportunidades para grupos indígenas, negros, afros, raizales, palenqueros y Rr

om, el Gobierno Nacional se compromete a hacer en más de 18 meses lo que en más de 18 años no ha podido materializar: reglamentar en su totalidad la Ley 70.

Por otro lado, anuncia que el Espacio Nacional de Consulta Previa y el Gobierno Nacional tendrán el deber de proponer la elaboración de una hoja de ruta orientada al cumplimiento a 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte de las comunidades. Y, Para terminar, manifiesta que en el “desarrollo” de las comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras se invertirá $19 billones, los cuales estarán distribuidos en 239 proyectos que procuraran el fortalecimiento organizativo para los consejos comunitarios y las expresiones organizativas en las áreas rurales y urbanas.

Lo anterior deja un sinsabor cuando el mismo Gobierno Nacional, que formula estás promesas, pide una unificación de presupuesto el cual solo tendrá la facultad de diseñar el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Por: Valentina Arango Aguilar.